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El ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, ha desencadenado una serie de eventos legales tras su detención por autoridades nigerianas el pasado 26 de febrero, acción que ahora se discute bajo el prisma de violación a los derechos humanos. Gambaryan, ciudadano estadounidense a cargo de la unidad de investigación de crímenes de la plataforma de intercambio de criptomonedas, fue detenido junto con su colega Nadeem Anjarwalla mientras las autoridades llevaban a cabo investigaciones relacionadas con las operaciones de Binance en Nigeria. Este incidente no solo ha llamado la atención por las implicaciones en la libertad individual de los ejecutivos sino también por poner de relieve los desafíos regulatorios y legales a los que se enfrentan las empresas de criptomonedas en diferentes jurisdicciones.
En respuesta a su detención, Gambaryan ha presentado una demanda contra varias entidades nigerianas, incluyendo al Asesor de Seguridad Nacional Nuhu Ribadu y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por sus siglas en inglés). Esta acción legal, interpuesta en la división de la Corte Federal Alta de Abuja, plantea cinco demandas claves que buscan restaurar sus derechos bajo la constitución nigeriana. Entre estos, se solicita una declaración que estipule como violatoria de sus derechos la detención y confiscación continua de su pasaporte, una orden para su inmediata liberación y la devolución de su pasaporte, además de una prohibición permanente que impida a las autoridades nigerianas detenerlo de nuevo en relación con la investigación sobre Binance.
Adicionalmente, la demanda incluye una solicitud de disculpa pública por parte de las autoridades nigerianas y que los demandados cubran todos los gastos legales incurridos durante el proceso. Mientras tanto, Binance y sus ejecutivos se enfrentan a un caso separado por evasión fiscal, programado para iniciarse el 4 de abril, donde se les acusa de fallar en el registro ante las agencias locales relevantes y evitar responsabilidades fiscales, facilitando a su vez a usuarios que evadan pagos de impuestos, incluyendo la omisión en la emisión de facturas para propósitos de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la falta de retención de dichos impuestos de sus usuarios. Este conjunto de desafíos no solo refleja la complejidad de operar plataformas de criptomonedas a nivel global sino también la importancia de la adherencia a las normativas locales para evitar conflictos legales y regulatorios.
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