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En un movimiento que marca una postura decidida sobre la sostenibilidad ambiental y la regulación de los activos digitales, la administración del presidente Joe Biden ha propuesto un golpe contundente a la industria criptográfica. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sugiere implementar un impuesto del 30% al consumo de electricidad por parte de las empresas de minería de criptomonedas, como parte de las Propuestas de Ingresos del Año Fiscal 2025. Esta medida busca enfrentar los impactos ambientales significativos generados por el proceso de minería de criptomonedas, conocido por su intensivo consumo energético.
El trasfondo de esta propuesta se sustenta en la preocupación por el creciente consumo de energía de la industria de la minería criptográfica, lo cual no solo conlleva a una degradación ambiental, sino que también plantea cuestiones de justicia ambiental y amenaza la estabilidad de las utilidades locales y las comunidades. Según el Departamento del Tesoro, imponer un impuesto al consumo de electricidad de los mineros de activos digitales podría reducir la actividad minera, junto con sus asociados impactos ambientales y otros daños. Las empresas de minería criptográfica estarían obligadas a reportar tanto la cantidad como el costo de la electricidad que consumen, incluidas aquellas que dependen de la producción de energía fuera de la red. La introducción de este impuesto sería gradual a lo largo de tres años, empezando con un 10% y alcanzando el 30% en el tercer año, a partir del 1 de enero de 2025.
Sin embargo, la propuesta ha encendido la polémica. Figuras como la senadora Cynthia Lummis han criticado la medida, sugiriendo que podría sofocar el crecimiento de la industria en Estados Unidos. Pierre Rochard de Riot Platform argumenta que el impuesto busca restringir a Bitcoin y favorecer el desarrollo de una moneda digital del banco central (CBDC), insinuando que las razones proporcionadas por el gobierno son pretextuales con el objetivo real de suprimir a Bitcoin. Este no es el primer intento de la administración Biden de apuntar al sector de la minería criptográfica, destacando un patrón de intervención en la regulación de las criptomonedas que contrasta con la postura más abierta de figuras como Donald Trump hacia la criptoindustria. Mientras el debate sobre el futuro de las monedas digitales en EE. UU. continúa, esta propuesta de impuesto pone en evidencia las complejidades en la intersección de la innovación financiera, la regulación y la sostenibilidad ambiental.
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