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La reciente movida de un grupo liderado por republicanos en el Congreso de los Estados Unidos buscaba abrir las puertas a los bancos estadounidenses para que proporcionaran servicios de custodia de criptomonedas a sus clientes. Esta iniciativa, sin embargo, se encontró con un obstáculo inquebrantable en la Casa Blanca, bajo la administración demócrata liderada por el presidente Biden. Con el fin de implementar este cambio, la Cámara de Representantes debatió y se preparó para votar sobre la Resolución 109 de la Casa (H.J. Res. 109), la cual tenía como objetivo anular una guía previa de contabilidad emitida por los reguladores para los bancos interesados en ofrecer este tipo de servicios.
La guía en cuestión, conocida como Boletín de Contabilidad del Personal (SAB) 121, refleja la postura del personal de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) sobre las obligaciones contables de las empresas encargadas de proteger los activos criptográficos de los clientes. La administración de Biden, en un comunicado, subrayó que la resolución H.J. Res.109 interrumpiría el trabajo de la SEC en la protección de los inversores en los mercados de criptoactivos y en la salvaguarda del sistema financiero más amplio. Afirmaron que, de ser presentada, el presidente vetaría la resolución.
Este intento de modificar la regulación enfrentó un capítulo decisivo horas antes de la votación en la Cámara de Representantes, cuando la administración Biden anunció su intención de vetar la resolución si lograba pasar tanto en la Cámara como en el Senado. Aunque la resolución sí pasó la votación en la Cámara, solo obtuvo el 55% de los votos, incluyendo todos los votos republicanos y 26 demócratas, lo que no alcanza para sobreponerse a un veto presidencial, el cual requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.
Más allá de los dilemas políticos, la oposición a SAB 121 radica en su imposición a las instituciones y firmas financieras de mantener los activos digitales de sus clientes en su balance general, lo cual, según los críticos, hace que proporcionar servicios de custodia de criptomonedas sea prohibitivamente costoso. Este aspecto ha engendrado una vasta discusión, con la partida republicana argumentando que el SEC nunca consultó a las agencias bancarias federales apropiadas antes de publicar SAB 121, moviéndose alrededor del proceso tradicional de creación de reglas y presentándola más como una “regla” disfrazada de “guía”. La resolución buscaba habilitar una vía para que los consumidores pudieran mantener sus activos digitales de la manera más segura posible, a través de bancos y otras instituciones financieras altamente reguladas. La negativa de esta propuesta marca no solo una derrota para los esfuerzos republicanos sino también plantea preguntas importantes sobre la evolución de la custodia de activos digitales en el sistema bancario estadounidense y el futuro marco regulatorio de las criptomonedas en el país.
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