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El 25 de marzo, Stuart Alderoty, Oficial Legal Jefe (CLO) de Ripple, reveló que el informe de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) se hará público el martes 26 de marzo, y en este, la agencia regulatoria solicitará al juez 2 mil millones de dólares en multas y sanciones contra Ripple. La petición fue presentada ante la jueza Analisa Torres en Manhattan mediante documentos judiciales sellados. Alderoty criticó a la SEC, afirmando que, en lugar de aplicar fielmente la ley, la agencia parece estar decidida a castigar e intimidar no solo a Ripple sino a toda la industria criptográfica, mostrando una conducta que él considera fuera del marco legal.
La demanda de la SEC contra Ripple, su CEO Brad Garlinghouse y el cofundador Chris Larsen se remonta al 2020, acusándolos de recaudar ilegalmente alrededor de 1,3 mil millones de dólares en una oferta de tokens XRP no registrada como valores. Brad Garlinghouse, por su parte, no se ha quedado callado ante estas acusaciones y ha señalado directamente a Gary Gensler, el presidente de la SEC, de actuar repetidamente fuera de la ley, destacando casos donde jueces han reprendido a la agencia por abusos de poder y falta de lealtad a la ley, subrayando que en el caso de Ripple no se han presentado acusaciones de fraude o imprudencia, dejando claro el precedente peculiar de esta situación.
El proceso legal ha tenido giros importantes, como cuando la Jueza Torres concedió una victoria parcial a Ripple al dictaminar que las ventas de XRP realizadas en bolsas de criptomonedas públicas no cumplían con la definición legal de un valor, negando además la solicitud de apelación de la SEC mientras el caso estaba en curso. A pesar de estas complejidades legales, el mercado de XRP ha mostrado una reacción leve, siguiendo la tendencia general al alza del mercado más amplio, con un aumento del 2% en su valor en el día a $0.644, según CoinGecko, aunque en general, XRP ha quedado rezagado respecto al resto del mercado cripto este año. La situación entre Ripple y la SEC es un claro ejemplo de los retos regulatorios y legales que enfrentan las criptomonedas, destacando la importancia de un marco regulatorio claro que permita la innovación mientras se protege a los inversores.
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